Resumen Ejecutivo

En Nicaragua, el marco legal e institucional necesario para garantizar créditos con bienes muebles limita el acceso a crédito en el sector agropecuario. Los problemas involucran dificultades y limitaciones en la constitución, el registro, y la ejecución de créditos garantizados con bienes muebles. Por ejemplo, los bienes muebles que pueden garantizar préstamos incluyen inventarios, maquinaria, ganado y cuentas por cobrar. La constitución de una garantía real sobre bienes muebles – típicamente, la prenda – es costosa. Por otro lado, muchos bienes no se anticipan como posibles objetos de garantía bajo las leyes de prenda (ej., cultivos de más de dieciocho meses y cuentas por cobrar no representadas en títulos valores), o no se anticipan como objetos de garantía que puedan ser gravados independientemente de la tierra (ej., la cosecha futura). El marco institucional no establece registros que proporcionen a bajo costo medios públicos eficientes para averiguar si existen gravámenes previos sobre bienes. Finalmente, las normas aplicables para recuperar y vender los bienes en garantía en caso de incumplimiento establecen un proceso costoso y tan largo que la mayoría de los bienes muebles, ó se deprecian antes de que puedan ser recuperados y vendidos para pagar un préstamo en mora, o garantizan créditos muy pequeños con relación a sus costos de ejecución.

En Nicaragua, estos problemas en el marco de garantías reales limitan el acceso a crédito en la agricultura. Primero, porque los agricultores e intermediarios agrícolas en la cadena agraria de crédito no disponen de medios para garantizar sus préstamos con seguridad con el capital físico que de hecho tienen - capital en bienes muebles -. Segundo, porque los vendedores de este tipo de capital no pueden vender a crédito estos bienes, con seguridad, utilizando como garantía los mismos bienes muebles que se están vendiendo. Tercero, porque este marco defectuoso para las garantías reales sobre bienes muebles le dificulta a los prestamistas del sector formal proporcionar refinanciamiento a través de los mecanismos naturales del crédito agrario y rural, especialmente a los compradores de productos agrícolas y a los distribuidores y proveedores de insumos agrícolas. Este acceso limitado a crédito es uno de los obstáculos claves en el desarrollo rural.

Nicaragua: El Acceso a Crédito y el Marco para las Garantías Reales

A menudo, el mejoramiento del acceso a crédito en la agricultura es visto como un elemento clave en la estrategia del desarrollo rural - - porque existen proyectos que pueden aumentar los ingresos de los agricultores y de otros negocios rurales si sólo tuviesen acceso a crédito. Los nicaragüenses entrevistados en el transcurso de este estudio ofrecieron muchos ejemplos de esas inversiones. Los distribuidores de maquinaria, por ejemplo, creen que es posible aumentar las ventas 200 a 300 por ciento más, a las tasas de interés actuales, si tuviesen la habilidad de vender con préstamos a cuatro años, en lugar de préstamos a uno o dos años de plazo. Una amplia gama de productores - de café, frutas, algodón, vegetales y madera - cree que préstamos para semillas, fertilizantes, pesticidas y fungicidas podrían fácilmente duplicar la producción.

En forma similar, el acceso a crédito con frecuencia aparece como una herramienta importante en el ataque contra la pobreza rural. De hecho, existen proyectos rentables que pueden aumentar los ingresos. El aumento del acceso a crédito asimismo lograría otros objetivos sociales, tales como mejorar la independencia y auto-confianza de los grupos focalizados, incrementando la autosuficiencia agrícola, o permitiendo a las personas de bajos recursos pero capaces del área rural elevar rápidamente sus perspectivas de ganar mayores ingresos. De nuevo, esto fue ampliamente confirmado en las entrevistas realizadas en el transcurso de esta investigación. Sin embargo, los productores pequeños entrevistados explicaron que tenían un acceso limitado a crédito y aún ese limitado acceso era posible solamente si se estaba atado a una cadena monopolística de exportación. Ese poder de mercado les brinda seguridad a los prestamistas en sus préstamos. De lo contrario, los pequeños prestatarios no tenían ningún acceso a crédito. Al mismo tiempo, el acceso a crédito en Nicaragua estaba limitado aún para las compañías grandes y prósperas. Por contraste, compañías similares en los Estados Unidos y Canadá hubiesen tenido un amplio acceso a crédito a tasas de interés cercanas a la tasa de interés que obtienen esos gobiernos. De esta manera, el problema en el marco legal para los préstamos garantizados con bienes muebles impone una gran desventaja competitiva sobre los agro-procesadores nicaragüenses que empeorará conforme mejore la integración económica con Norte América.

Por mucho tiempo ha existido la preocupación en Nicaragua de que los bancos y otras instituciones formales del sector privado no otorgan suficiente crédito a los agricultores y a otros negocios agrícolas. En particular, esta preocupación ha consistido en la ausencia de crédito para los agricultores pequeños. En consecuencia, el gobierno y donantes bilaterales y multilaterales han enfocado diversas innovaciones institucionales para mejorar el otorgamiento de tal crédito.

Al principio, el gobierno intentó desembolsar estas líneas de crédito mediante bancos estatales y fondos de garantía del estado. Estos intentos resultaron en un fracaso caro. Los prestamistas privados no hacían estos préstamos porque era demasiado arriesgado montarlos y cobrar contra una garantía de bienes muebles, ya que el marco legal e institucional para préstamos garantizados con garantía de bienes muebles no proporciona los elementos claves de un sistema seguro. Cuando los prestamistas públicos los hicieron, ellos también descubrieron que eran verdaderamente incobrables. Más aún, los prestamistas del sector público enfrentaron presiones políticas para cobrar tasas de interés económicamente demasiado bajas, para prestarle a grupos favorecidos políticamente que no siempre podían pagar y eran menos entusiastas en la recuperación de deudas de lo que hubieran sido las instituciones del sector privado. Hubo una combinación de desempeño pobre con el fracaso visible de llegar a los grupos focalizados. Esto condujo a planes para refinanciar préstamos agrícolas y disolver las instituciones públicas de préstamos así como los fondos de garantías.

En su lugar, el gobierno y los donantes establecieron un sistema que desembolsaría a través de instituciones privadas con fines de lucro. Esto mejoró la eficiencia de estas operaciones crediticias. Prestamistas privados, en el marco de un sistema de supervisión y reglamentación mucho más fuerte, fueron muy cuidadosos en desembolsar sólo aquellos préstamos que fueran cobrables. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta mejora en la eficiencia ocurrió a costa de no alcanzar a los grupos focalizados – el precio de una mayor eficiencia fue que los grupos focalizados tuvieran aún menos acceso al crédito.

En Nicaragua, el marco legal e institucional necesario para garantizar créditos con bienes muebles continúa bloqueando el acceso a crédito: restringe a las instituciones formales del sector en su otorgamiento directo de crédito a los agricultores y a negocios agrícolas de tamaño pequeño y mediano; asimismo, limita a las instituciones financieras del sector formal en su refinanciamiento del crédito extendido por los distribuidores y proveedores de maquinaria agrícola. Finalmente, obstaculiza a las instituciones nuevas e innovadoras que buscan otorgar tal crédito:

En el mercado secundario para el crédito agrícola, surgieron dos problemas importantes. Primero, los problemas en el marco legal para las garantías reales mobiliarias hicieron que las carteras de los préstamos agrarios garantizados con bienes muebles fueran a menudo “no legales” o “riesgosas” desde el punto de vista de su cobranza. Como conjunto en una cartera, asimismo representaban una garantía arriesgada para un préstamo mayor con prestamistas mayores o para respaldar títulos valores. Segundo, en el marco de Nicaragua para las garantías reales mobiliarias no hay disposiciones de garantías reales sobre carteras de créditos fideicomisarios o con garantía real (garantías reales flotantes sobre cuentas por cobrar o sobre carteras prendarias). Por consiguiente, es costoso y arriesgado, usar carteras de préstamos como garantía de un préstamo con los bancos o con compañías financieras.

Este documento refleja las entrevistas con productores de café, frutas, maní, camarones; con fabricantes; con distribuidores de maquinaria para la construcción y de maquinaria agrícola; con comerciantes en productos agrícolas; con los vendedores de fertilizantes y pesticidas; con el equipo regulador de la Superintendencia de Bancos; con abogados bancarios; con oficiales del registro; y con gerentes de instituciones bancarias medianas y grandes, compañías financieras, operadores de almacenes y comercios.

Todas las empresas entrevistadas eran tanto prestamistas como oferentes de crédito, así como prestatarios y oferentes de préstamos en la cadena nicaragüense de crédito. Sin embargo, en cada caso el acceso al crédito estaba típicamente limitado al valor de los bienes inmuebles que pudieran ofrecer como garantía, generalmente utilizando una hipoteca. En el caso de unas pocas mercancías, algunos negocios podían obtener crédito mediante el bono de prenda; para unos tantos prestamistas, una prenda sobre equipo era útil.

Sin embargo, la disponibilidad actual de crédito no atiende adecuadamente las necesidades de los productores nicaragüenses. Por ejemplo, en la práctica del comercio en la producción del café, un comprador de café comprará del productor final, quién es típicamente un terrateniente pequeño operando en una parcela pequeña. El comprador establecerá una relación de trabajo a través de los años con sus productores y les otorgará crédito para fertilizantes, fungicidas y pesticidas. El monto de crédito ofrecido dependerá de la confianza que tenga en la capacidad de pago del prestatario final. No existe ninguna garantía. Este sistema de créditos sin garantía real depende del conocimiento personal que tenga el comprador del productor pequeño. Un sistema semejante fundamenta trillones de Dólares en préstamos en Norte América. Sin embargo, a diferencia de los prestamistas Norteamericanos, el comprador tiene una posibilidad limitada para ofrecer crédito no garantizado: el monto que puede prestar el comprador del café está limitado por su propio acceso a crédito. En el caso de Norteamérica, en donde el prestamista Norteamericano puede usar la cartera de estos préstamos de sólido desempeño para conseguir préstamos de un prestamista mayor del sector formal, tal como un banco, el comprador nicaragüense no lo puede hacer. En Nicaragua, el acceso a capital del comprador del café está limitado debido a las restricciones sobre garantías impuestas por el marco legal e institucional para las garantías reales mobiliarias. Por supuesto, el comprador podría obtener una hipoteca sobre un bien inmueble. Sin embargo, el negocio del comprador de café no implica el tener mucho capital atado en bienes inmuebles. En su lugar, el comprador tiene bienes muebles: bienes muebles tangibles – camiones, inventarios rotativos de café o frutas – y bienes muebles intangibles – cuentas por cobrar de los pequeños productores, cuentas por cobrar de los exportadores de café en las ciudades. En Nicaragua, todos estos bienes muebles deben ser financiados del propio capital del comprador; ninguno de estos bienes muebles es aceptado como garantía para un préstamo que le permitiría al comprador ampliar su operación al ofrecer más crédito a sus productores.

En las entrevistas, algunos prestatarios daban la apariencia de estar utilizando su maquinaria, inventarios y cuentas por cobrar como garantía. Pero ese financiamiento era ilusorio. En vez, los bancos conceden a las compañías una línea de crédito con relación al valor de las propiedades poseídas por éstas – bienes inmuebles. El financiamiento posterior garantizado por bienes muebles generalmente es deducido de esta línea de crédito. Ningún crédito adicional se otorga a compañías que aumentaban sus cuentas por cobrar con mayores ventas o que duplican su inventario de bienes mediante una producción más eficiente de productos agrícolas. Para muchos entrevistados, su crédito disponible alcanzaba un tope determinado por su propiedad en bienes inmuebles y no se otorgaba ningún crédito garantizado solamente por sus activos en bienes muebles. Aparentemente, pocos tipos de propiedad, además de bienes raíces, “verdaderamente” servían como garantía, de forma tal que aumentos en el valor de tal garantía de bienes muebles o cuentas por cobrar convenciera a los prestamistas a conceder crédito adicional a aquel ya concedido con relación al valor de las propiedades inmuebles. Semejante limitación representa una restricción casi fatal. Significa que, conforme crece la demanda rural para el crédito sobre bienes muebles – tales como equipo, inventarios, pesticidas, herbicidas o semillas – ese crédito no puede crecer para acomodarse a esa demanda. En cada caso, los límites legales e institucionales en el uso de bienes muebles como garantía para préstamos limitaban el acceso a crédito para operaciones rentables y para negocios agrícolas en vías de crecimiento.

Esas limitaciones en el uso de bienes muebles como garantía para préstamos no surgen de problemas macro económicos o porque los intermediarios tienen un margen de utilidad alto, sino de problemas en el marco nicaragüense para garantizar créditos con bienes muebles que convierte a los bienes muebles en una garantía con gran riesgo.

Estos problemas en el marco nicaragüense para las garantías reales han sido observados en otros países, tales como Argentina, México, Uruguay, Bolivia, Honduras y El Salvador, que comparten la tradición legal de Nicaragua de un Código Civil. Pero no están confinados a estos países. Bangladesh, India y Pakistán son países de Derecho Anglosajón con problemas similares que surgen de un marco inadecuado para las garantías reales de bienes muebles.

Los próximos pasos

Los próximos pasos justificados por los resultados en este informe incluyen:

• Preparar un anteproyecto de ley de garantías reales mobiliarias enfocando los problemas detallados aquí.

• Preparar un informe evaluando sobre las opciones para reformar el sistema de registro de garantías reales sobre bienes muebles, teniendo cuidado especial en separar las responsabilidades privadas y públicas.

• Preparar el proyecto para la reforma de tal sistema de registro público.